España es el país que tiene las sanciones más altas de todo el mundo en materia de protección de datos personales. La desventaja competitiva que ello genera para las empresas españolas es evidente, ya que además del coste de adecuación a unas medidas de seguridad informática muy exigentes, la aprobación del Reglamento de la LOPD va a establecer cargas adicionales que harán más difícil el cumplimiento de esta norma. A ello se une la extensión al papel de las medidas de seguridad. Por otra parte, el organismo encargado de perseguir las infracciones puede cambiar el criterio interpretativo de la LOPD y sancionar formas de trabajar e incluso modelos de negocio que antes no se consideraban infracción. Y las sanciones son desproporcionadas si tenemos en cuenta otras infracciones administrativas, e incluso penales, que revisten mayor gravedad y que no son perseguidas ni sancionadas con la misma severidad. Todo ello hace que algunas empresas, especialmente las relacionadas con el marketing directo, se plateen seriamente establecer su sede en países donde la legislación en esta materia no es tan rígida.