Imaginemos la siguiente escena en la fase de informe de un juicio oral: "Como prueba del control establecido por la empresa para prevenir este delito tecnológico, se ha aportado un certificado firmado por mi mismo, y aunque la acusación particular y el Ministerio Fiscal mantengan que este certificado fue emitido con posterioridad a la comisión del delito, yo, como abogado experto en la materia, ratifico que el control era suficiente y anterior al delito".
Me recuerda aquel dibujo de Honoré Daumier en el que el abogado defensor exclama: "No, no y mil veces no. Y como mil negaciones valen más que una afirmación, ruego que se absuelva a mi cliente".
Para una empresa sería una estrategia nefasta dejar su defensa en manos del mismo abogado que certifica como experto la suficiencia del control y la fecha de su implantación. Pensemos que en la jurisdicción penal se pone en duda la validez de la prueba con una frecuencia mucho mayor que en otras jurisdicciones. Los informes de experto son considerados como informes de parte y si provienen del abogado que defiende a la empresa pueden perder credibilidad.
Pero incluso en el caso de que el informe vaya firmado por un experto independiente, en el procedimiento penal se puede poner en duda igualmente la fecha efectiva del control.
Por ello es muy importante que exista una actividad adicional que permita aportar credibilidad cronológica a los esfuerzos realizados por la empresa para prevenir y detectar el delito. Con la experiencia obtenida en los primeros seis meses dedicados a proyectos de prevención, PwC ha diseñado un protocolo que refuerza la eficacia probatoria de los controles establecidos por las empresas.
Para descargar el protocolo, las empresas interesadas pueden solicitar las claves de acceso a [email protected]